Aprovecha beneficios impositivos únicos en el entorno más espectacular de Uruguay.
Con más de 30 años en vigor, la Ley refleja estabilidad y consenso político a nivel nacional.
Hoy, las Zonas Francas se han consolidado como un motor clave para la economía del país.
Exoneración total de impuestos creados y a crearse. Exoneración del Impuesto a la Renta, el Impuesto al Patrimonio y la distribución de dividendos, así como la ausencia de retenciones en pagos al exterior por servicios y regalías.
Los empleados extranjeros pueden optar por no contribuir al Régimen de Seguridad Social de Uruguay, lo que les permite pagar únicamente una tasa fija del 12% sobre su salario.
Libertad absoluta para el movimiento de capitales transacciones de activos con el exterior se realizan sin restricciones
Flexibilidad en la contratación de personal extranjero, permitiendo hasta un 25% de empleados internacionales en la plantilla, con la posibilidad de extenderlo hasta un 50% mediante solicitud previa.
Este listado debería ayudar a las empresas a comprender mejor el funcionamiento y las implicaciones de operar en una Zona Franca bajo la Ley 15.921.
La Ley 15.921, sancionada en 1987, regula las Zonas Francas en Uruguay. Su objetivo principal es promover inversiones, generar empleo y fomentar exportaciones, ofreciendo a las empresas un entorno con beneficios fiscales y aduaneros.
Las empresas que operan dentro de Zonas Francas están exentas de impuestos nacionales, incluyendo el Impuesto a la Renta (IRAE), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto al Patrimonio, entre otros. Además, no se aplican derechos arancelarios a bienes importados.
Cualquier empresa nacional o extranjera puede instalarse en una Zona Franca, siempre que cumpla con los requisitos y actividades aprobadas por el ente administrador. Pueden operar empresas comerciales, industriales y de servicios.
En las Zonas Francas se pueden realizar actividades de servicios, comercio, industria, almacenamiento y tecnología. Esto incluye operaciones de logística, call centers, centros de datos, fabricación, y servicios financieros, entre otros.
Las empresas deben firmar un contrato con el operador de la Zona Franca y estar aprobadas por la Dirección General de Comercio. Además, deben cumplir con las obligaciones de inversión, empleo y cumplimiento de las regulaciones del régimen.
Las mercaderías que ingresan o egresan de una Zona Franca no están sujetas a controles aduaneros tradicionales. Sin embargo, se requiere la documentación adecuada para garantizar el cumplimiento de las normas del régimen.
Las empresas pueden vender bienes y servicios al mercado uruguayo, pero estos estarán sujetos a los impuestos nacionales aplicables. Los productos deben someterse a los aranceles y tasas aduaneras correspondientes.
Sí, las empresas están sujetas a auditorías anuales por parte de la Dirección General de Comercio. Además, deben presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de sus compromisos de inversión, empleo y actividades.
Los contratos con el operador de la Zona Franca suelen tener una duración inicial de 15 años, con la posibilidad de prórrogas adicionales, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones establecidos en el contrato.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas puede dar lugar a sanciones, que van desde multas hasta la revocación del permiso para operar en la Zona Franca. El ente administrador y la Dirección General de Comercio se encargan de hacer cumplir estas normativas.